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(12/Ene/2019) De los 120.000 kilómetros de caminos rurales que tiene la provincia, 70.000 se encuentran en condiciones “regulares a malas”. Esa cifra representa el 63% de las arterias que componen el tejido caminero. Así se desprende del relevamiento del estado de la red vial bonaerense que hizo la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, que, cifras a la vista, desnuda que en este 2018 la transitabilidad de los caminos sigue siendo una problemática crónica y sin solución.

El informe presentado por Carbap contiene los datos de una encuesta realizada entre mediados de octubre y fines de noviembre y del que participaron productores de 70 asociaciones rurales bonaerenses. Y además del estado de los caminos, se analizó el proceso de recaudación de los municipios mediante el cobro de los impuestos y tasas, y su efectiva asignación al mantenimiento de la red vial.

Al margen del análisis de los datos duros y de las cuestiones productivas, el informe hace hincapié en el factor social que cargan los caminos rurales. Porque si bien se informa que por ellos transitan anualmente más de 45 millones de toneladas de granos, 2.500 millones de litros de leche y más de 9 millones de cabezas de ganado entre lo que va a faena y movimiento de la invernada, también destaca que hay familias que dependen de éstos ya que viven en áreas rurales, y los necesitan para llevar sus hijos a la escuela o para su normal estilo de vida.

“El camino es una herramienta fundamental para el desarrollo de la actividad agropecuaria y el arraigo de aquellas comunidades que viven en el interior sin caminos pavimentados. Por eso el estado de los caminos ha sido una preocupación constante para las Rurales que componen Carbap”, explica Matías De Velazco, presidente de la entidad.

La mirada del amo…

Los productores consideran que unos 70.000 kilómetros de caminos se encuentran condiciones regulares o malas. Y del análisis de los datos relevados se observa que la mayoría de los municipios con caminos en buen o muy buen estado hay injerencia del chacarero en los trabajos de mantenimiento. “Son partidos en los que los productores a través de entes viales, como consorcios, comisiones viales, o una especie de vinculación público – privada, tienen intervención directa en el manejo de los fondos y la asignación y control de estos”, indica De Velazco.

“También en la mayoría de esos casos, varía de acuerdo con el convenio de cada municipio, se deriva a esos entes el 70 a 75% de lo recaudado de la tasa vial y el 4% de los aportes provenientes de la ley 13.010”, agrega.

De los números del trabajo de Carbap y los dichos de su presidente se desprende que los caminos están en malas condiciones en los distritos donde la asignación de recursos y las tareas de mantenimiento están bajo exclusiva responsabilidad del estado municipal.

“El mantenimiento de los caminos está a cargo de los municipios y para el financiamiento de la conservación de los mismos, se abona lo que se llama una tasa vial cuyo valor es determinado por cada comuna, al igual que la tasa de guías y señales. Además, la Provincia envía el 12% de lo recaudado del impuesto inmobiliario rural -Ley 13.010-, que vuelve a los municipios como un fondo compensador para el mantenimiento de la parte de los caminos rurales que son provinciales”, detalla Carbap en el informe.

“El estado crítico de la red vial a pesar del aporte millonario de los productores, que durante 2018 aportaron más de 4.700 millones de pesos para los caminos, evidencia que salvo muy pocas excepciones esos fondos se terminan derivando a gastos generales en los municipios y no a prestar el servicio del mantenimiento de la red vial como debería ser”, asegura De Velazco.

Aportes sin mantenimiento

Son tres las herramientas para recaudar fondos para el mantenimiento de la red vial bonaerense que están en vigencia en la actualidad. La Tasa de Marcas y Señales, comúnmente conocida como “guías”; la Tasa Vial o de Servicios viales, denominada habitualmente “tasa a la hectárea”, y la Ley 13.010.

La Tasa de Marcas y Señales, tuvo su origen en la necesidad de atender el “cuidado de las calles y caminos vecinales” que se deterioraban con su pisoteo el paso de las “tropas y tropillas” de hacienda, que obligaban a “rastrear” los caminos para emparejarlos, alisarlos para su uso vehicular.

“Por eso se percibía un gravamen ‘por cabeza’, para que su monto total resultara de la cantidad de hacienda en tránsito y fuera directamente proporcional al deterioro que el paso de los animales provocaría. Era pues, una especie de ‘permiso de transitar con animales’ que intentaba solventar -aunque fuera parcialmente-, el costo de mantenimiento de los caminos, realizado bajo el consiguiente servicio municipal”, consigna Carbap en su trabajo.

Por lo tanto al crearse la tasa vial, y dejar de moverse animales a través de arreos, la tasa de guías y señales debería de haber desaparecido, “pero lejos de eso, lo que terminó sucediendo fue que se derivaron esos recursos a otros gastos municipales que nada tienen que ver con el mantenimiento de los caminos”, explica De Velazco.

Si bien el registro de la propiedad de los animales vacunos es potestad de la Provincia, a los municipios les fue cedido por el código rural, la expedición de los certificados o autorizaciones (guías) que necesitan los productores para cumplir con las leyes vigentes y el Estado tenga un control de los movimientos. “Entonces, la tasa de marcas y señales debería tener el mismo valor monetario en todos los municipios, ya que se trata del mismo servicio, y si analizamos dichos valores, se observa que hay comunas que cobran hasta 120 pesos por cabeza y otros menos de la mitad”, plantea el dirigente.

Haciendo un poco de historia, el informe de Carbap recuerda que “las tasas viales se crearon cuando la provincia, en el proceso militar de los ‘60, les transfirió a los municipios la responsabilidad del mantenimiento de todos los caminos de tierra, habilitando la creación de una tasa para financiar dicho mantenimiento”.

Y la entidad advierte: “La mayoría de los municipios cobra una tasa por hectárea, y dicho valor se pone arbitrariamente, sin tener un plan de mantenimiento de los caminos y del costo de dicho plan de obras. Como cada municipio es autónomo, las dispersiones del valor de la tasa oscilan dentro de la provincia, existiendo comunas que cobran hasta 10 veces más que otros”.

Continuando con el revisionismo, Carbap publica que la ley, sancionada a fines de 2002, se creó en el marco de descentralización tributaria de la Provincia, en la misma, aquellos municipios que suscriban a esta norma la Provincia les enviaría por coparticipación el 35% de lo recaudado por el impuesto inmobiliario rural. Y a su vez también trasladaba a los municipios la obligación del mantenimiento de los caminos provinciales de tierra. Para esto, la Ley 13.010, Art 1 Inciso b. establece un fondo compensador que se debe conformar con el 12% de lo recaudado por el impuesto inmobiliario, con el fin de financiar el mantenimiento de los caminos.

Luego, la Ley 13.450, de 2006, establece en su artículo 4, que se deben establecer mecanismos para el seguimiento y evaluación de las tareas de mantenimiento y obras que realizan los municipios en los caminos provinciales. “Esto aún no ha sido implementado, y nadie tiene un control de cómo se gastan esos recursos y las obras realizadas con los mismos”, advierte De Velazco.

El aporte del productor

A través de sus rurales, Carbap reunió la información de lo que se paga de tasas viales en cada municipio y de guías para realizar los cálculos de recaudación. El aporte de la Ley 13.010 se obtuvo de la página web del ministerio de Economía de la Provincia, donde se detalla cuánto le envía mensualmente a cada municipio.

“La cantidad de recursos que se destina anualmente a la conservación y mantenimiento de la red vial es muy significativa, si consideramos que hay 120.000 kilómetros de caminos de tierra a mantener, en promedio son unos 40.000 pesos anuales por kilómetro, más que suficiente para que los mismos estén en muy buen estado”, indica el informe.

“Una caja que la mayoría de los intendentes manejan sin ningún control, ya que el tribunal de cuentas hace años que ha decidido no inmiscuirse en estas cuestiones”, agrega.

Si bien el costo del mantenimiento de los caminos difiere entre municipios, debido a que influyen cuestiones de tipo de suelo, precipitaciones, producción, etc., De Velazco manifiesta que “no se encuentra una relación entre lo que se cobra por las tasas y el servicio que se presta. Hay localidades que anualmente disponen de más de 100.000 pesos por kilómetro de camino rural y el estado es regular o malo, y otros distritos con menos de 40.000 pesos anuales los tienen en perfecto estado”.

El otro común denominador es que además de no prestar un servicio adecuado, los municipios no han invertido en modernizar los parques de maquinaria vial. “Muchas comunas tienen máquinas viejas, las cuales tienen mayor desgaste y por lo tanto mayor costo de mantenimiento, o tienen un insuficiente número de maquinaria para mantener adecuadamente la totalidad de los kilómetros de camino”, puntualiza Carbap.

Según la entidad, con la recaudación anual de las tasas de viales, de guías, más el 12% del impuesto inmobiliario, alcanza para comprar más de 1.000 motoniveladoras nuevas, lo que equivale a unas 10 máquinas nuevas por municipio por año.

A partir de los números analizados, la entidad afirma que de cara a 2019 y a la definición de los presupuestos de las comunas, “la mayoría de los distritos no tiene ninguna necesidad de aumentar los valores de las tasas ya que lo que recaudaron en 2018 fue muy superior a lo ejecutado”. Aunque la realidad marca que en la mayoría de los municipios -si no todos- habrá un incremento de los tributos.

De tasas e impuestos

Carbap también se ocupó de explicar la diferencia entre “tasa” e “impuesto”, algo que deja aún más en evidencia que los municipios que no mantienen sus caminos están en clara falta. “Las tasas se cobran como contraprestación de un servicio que da el Estado, en este caso el mantenimiento de la red vial, de acuerdo con la definición jurídica lo que se cobra por estas tasas debe ser igual al costo del servicio brindado”.

A esto hay que sumarle que “muchos municipios dentro de la tasa vial, o bajo el concepto de Tasa, han ido incorporando cargos (seguridad, cultura, salud, alumbrado, etc.) por supuestos servicios, que desde ya no prestan y son meramente recaudatorios. Y en muchos casos su valor supera el de la misma tasa vial, y para para algunas actividades intensivas, este tipo de tasas llegan a volverlas inviables”.

Sin bien desde hace años la entidad le viene reclamando a la Provincia que intervenga para evitar que eso ocurra, por ahora no ha tenido resultados positivos. “el gobierno bonaerense no hace nada para evitar estos abusos de los municipios”, dice De Velazco.

Promesa incumplida

En el trabajo de Carbap también se le apunta a la Provincia porque pese a las veces que hizo el anuncio que iba a mejorar 12.000 kilómetros de caminos, de los cuales 4.000 deberían haberse reparado en 2018, nada se hizo hasta hoy. “Dicho plan, por el momento, se encuentra en etapa de promesa”, indica la entidad.

“Fue una promesa que hicieron y no la cumplieron. Y tampoco la Provincia les hace cumplir a los intendentes que hagan con la plata para caminos, lo que tienen que hacer”, insiste De Velazco.

¿Será 2019 el año en que comience a cambiar el tratamiento de los caminos rurales?

Fuente: DIB

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