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La Justicia suspendió la derogación de la Ley de Tierras del mega DNU

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, hizo lugar a una cautelar y restituyó la vigencia de la ley 26.737, que fija la restricción de venta de tierras a extranjeros, y que había sido derogada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente, Javier Milei.

Noticias 30 de enero de 2024
tierras

Kreplak hizo lugar a una presentación del centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había reclamado dejar sin efecto el artículo del DNU 70/2023 que haba derogado la Ley 26.737 del Régimen de Protección al Domino Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.

Con esta resolución, queda suspendida la derogación de la ley al menos hasta que resuelva la Cámara o bien haya una decisión de fondo sobre el mega DNU. En el capítulo que desregulaba la venta de grandes extensiones de tierras a extranjeros, permitía hacerlo aun cuando se tratara de terrenos cercanos a los límites fronterizos.

La Ley de Tierras en la Argentina, sancionada en 2011 durante el Gobierno de Cristina Fernández, regula la titularidad y posesión de tierras para usos agropecuarios, forestales, turísticos, entre otros. Sin embargo, cuando asumió Mauricio Macri firmó un decreto para modificarla.

La normativa se centra en limitar la propiedad de tierras por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras, definiendo criterios y excepciones. Además establece un Registro Nacional de Tierras Rurales y un Consejo Interministerial para controlar y dirigir acciones. La ley busca preservar la soberanía territorial y evitar la extranjerización desmedida de las tierras.

En este marco, estableció que los extranjeros no podían tener más del 15% de las tierras del país, de una provincia o de un municipio. También fijó un límite de 1000 hectáreas por titular extranjero en la zona agrícola núcleo, es decir la más fértil ubicada en el norte bonaerense, el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba, o sus equivalencias en el resto de las provincias.

Además, determinó controles específicos para evitar la extranjerización de la tierra y pérdida de control del registro dominial a través de la compraventa de acciones vía testaferros: es decir, que partir de la ley, el Estado debía autorizar esta compraventa a través de un certificado de habilitación.

Según la última actualización del Gobierno, realizada en abril de 2022, Salta lidera el ranking de provincias con mayor cantidad de tierras en manos extranjeras, con el 11.56%. Le siguen las provincias de Misiones (11.07%), San Juan (10.48%), Corrientes (9.87%), Mendoza (9.11%), Catamarca (8.64%) y Santa Cruz (8.11%).

No obstante, el decreto presidencial firmado por Macri, eliminó una de las condiciones más importantes de Ley de Tierras, que es la obligatoriedad de tramitar un nuevo certificado de habilitación en el caso de que una empresa tenga una reorganización societaria. De este modo, se habilitó la transferencia de acciones a extranjeros sin tener que informar al Registro Nacional. 

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