Tras el llamado a la rebelión fiscal, la Justicia confirmó que no hubo errores en la liquidación del Inmobiliario Rural

Se trata de un fallo de Juzgado Contencioso Administrativo 4 de la capital provincia, a cargo de la jueza María Ventura Martínez desestimó un pedido de cautelar que había presentado el productor agropecuario Raúl Alberto Remorini en que inició contra ARBA para que le permitan pagar un monto menor del Inmobiliario Rural con el argumento de que estuvo mal liquidado.

La presentación de Remori se realizó en medio de una dura disputa entre el gobierno de Axel Kicillof y un grupo de productores rurales, algunos con militancia política, que se opusieron al pago del Tributo y recibieron el apoyo del presidente de la Nación, Javier Milei y del diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, quienes llamaron a una rebelión fiscal.

Pero ahora el fallo que formó Ventura Martínez pone fin al debate, al establecer que ARBA liquidó “correctamente” el IR. En términos técnicos, ello ocurre porque según, según determinó la justicia no está vigente un límite de imposición contenido en el consenso fiscal firmado en 2021 que establecía un tope del 3% de la valuación fiscal de la propiedad rural alcanzada.

A través de la causa Remorini buscaba, según explicaron a DIB fuentes judiciales, pagar el IR en forma anual con un aumento del 200% respecto de 2023, pero con un descuento del 35% por “contribuyente cumplidor” que no está vigente y sin índices de actualización. Pretendía además que ARBA no pueda avanzar con reclamos judiciales para cobrar.

Los incrementos en el Inmobiliario Rural fueron establecidos, a igual que el resto del esquema impositivo, a través de una ley aprobada en diciembre del año pasado, con respaldo de Unión por la Patria, la UCR y el PRO.

Ese respaldo provocó incluso una reacción de Milei, que ya en ese momento se quejó en X porque “mientras algunos de la oposición al kirchnerismo arrastran los pies con nuestras reformas (Ley Bases), le acaban de votar a favor a Kiciloff (sic) aumento de impuestos y endeudamiento. Quieren seguir manteniendo este modelo empobrecedor”. Se refería a la primera versión de la ley bases, que casi dos meses después naufragaría en el Congreso.

Después, fue tomando forma un rechazo organizado por algunas sociedades rurales del interior bonaerense, respaldado por la Sociedad Rural Argentina, que le pidió al gobernador, en un comunicado oficial, que “tome conciencia” del impacto negativo de la suba. En una nota remitida a Kicilof, en tanto, Carbap, Coninagro. Federación Agraria y SRA dijeron haber detectado “inconsistencias” en la confección de las liquidaciones del impuesto.

En paralelo, Espert, uno de los dirigentes más críticos de LLA con Kicillof, a quien suele insultar, llamó a la rebelión fiscal bajo el argumento de que el Estado provincial “no te da nada” y de que los niveles tributación son confiscatorios “según una profusa jurisprudencia de la Corte”. Milei defendió esa intervención de Espert, al que llamó “el profe”. Kicillof respondió a las pocas horas: para el gobernador se trató de un llamado a incumplir la ley. “No soy psicólogo pero hay que ponerle freno a este desquicio”, dijo Kicillof en una recordada intervención en la que señaló que la postura del Presidente equivalía a propiciar al “disolución nacional” y al jaquear la recaudación del Estado, a promover el “narco (en vez de anarco) capitalismo”.

Sin embargo, en reuniones con Legisladores y con representantes de ARBA y el Ministerio de Economía no se pudieron establecer casos concretos de liquidación errónea. Y ahora la justicia reafirma en un fallo judicial concreto que la agencia de Recaudación liquidó correctamente el impuesto.