

Alerta en el agro por una Ley de Suelos que "avanza sobre la propiedad privada de los productores"
La Ley de Suelos de CIAFBA generó un fuerte rechazo del sector productivo; qué implica y por qué impacta a los productores de la provincia de Buenos Aires.
Actualidad02 de octubre de 2025 Campo Industria


Un proyecto de Ley de Suelos del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la provincia de Buenos Aires (CIAFBA) generó polémica en el agro de la provincia.
Ley de Suelos de CIAFBA
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó su rechazo al proyecto de Ley de Suelos elaborado por el CIAFBA: "Esto avanza sobre la propiedad privada de los productores imponiendo controles, sanciones y burocracia que nada aportan al cuidado real del recurso".
Respecto de la Ley de Suelos de CIAFBA, Luciano Bugallo, diputado de la provincia de Buenos Aires, señaló que es un proyecto que, si bien suena muy lindo, es muy malo: "En las manos equivocadas, puede volverse una herramienta de persecución, un esquema de control y terminar violando de la propiedad privada, además de generar gasto público y mayor burocracia".
Bugallo puntualizó:
El proyecto declara que la protección del suelo y agua es de interés público (Cap. I). Esto abre la puerta a que el Estado tenga un poder superior sobre la tierra privada, desplazando el derecho de propiedad.
Cualquier decisión de un productor puede ser intervenida, fiscalizada o directamente prohibida por la autoridad de aplicación.
Obligación de productores y privados a “colaborar” (Cap. I y III). Establece que todas las personas físicas o jurídicas tienen la obligación de colaborar y aplicar prácticas obligatorias de conservación.
El productor pierde autonomía: no decide libremente cómo usar su tierra, sino que está obligado a someterse a planes de manejo supervisados por burócratas y profesionales matriculados.
Según indicó, los planes de uso y manejo solo pueden ser firmados por Ingenieros Agrónomos matriculados en CIAFBA: "Convierte a los productores en rehenes de una corporación que cobra honorarios obligatorios".
"Es un sistema de premios y castigos estatal, un régimen de clientelismo regulatorio, donde el productor solo obtiene ventajas fiscales si obedece las directivas del gobierno", alertó el diputado.
"En lugar de fomentar la innovación, la inversión y la libertad de producción, el proyecto promueve un esquema intervencionista y corporativista que puede usarse como herramienta de persecución política y económica contra el campo", concluyó.
Fuente: news.agrofy.com.ar
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