Una dosis de realidad sobre las tasas viales

Con las inundaciones que azotan al oeste bonaerense, nuevamente emerge la discusión sobre el mantenimiento de los caminos rurales y el ataque a la tasa vial que los municipios le cobran a los productores. Para las entidades rurales, los recursos alcanzan y deberían estar mejor administrados. Pero, para muchas intendencias, aún prima una anteojera ideológica entre los dirigentes del agro que no les permite comprender que Javier Milei es quien más plata se lleva de la producción, es el que no aporta obras y, al menos hasta estos días, no recibe el mismo ataque que los jefes comunales, hoy envueltos en malabares económicos para sostener miles de kilómetros de tierra y ripio.

Los datos son los datos. La red vial de la provincia de Buenos Aires cuenta con 120 mil kilómetros, de los cuáles 105 mil no están pavimentados. Esa traza que no tiene asfalto es determinante para la salida de la cosecha, el ganado, la leche, y, también, el ingreso a los pueblos o las escuelas rurales. Por ley, desde 2003 la responsabilidad de su mantenimiento es de los municipios, pero apenas recaudan montos que permiten mantener unos cientos de kilómetros sobre los miles que cruzan sus jurisdicciones.
 
Ahí entra en juego el acompañamiento del gobierno provincial. Mientras María Eugenia Vidal prometió intervenir sobre 12 mil kilómetros de caminos rurales y no cambió la realidad de un solo metro, la gestión de Javier Rodríguez, ministro de Axel Kicillof, lanzó un plan que ya mejoró 5 mil kilómetros. En lo que respecta a Nación, fueron pocos los momentos donde se asignaron recursos en esta materia. Hoy en día es nulo. 

Uno de los intendentes que da cuenta de todo este escenario es Gilberto Alegre de General Villegas, municipio que suele estar al tope de los que más hectáreas de soja siembra en la provincia. “Uno habla con los productores y explica que se puede hacer un mantenimiento de los caminos en situaciones climáticas normales, siendo que, por ejemplo, nosotros tenemos catorce motoniveladoras para 600 mil hectáreas, diez pueblos y más de 3.600 kilómetros de caminos rurales”, señala a Buenos Aires/12.

Para tomar dimensión, los kilómetros de caminos en Villegas equivalen al doble de la longitud de la Ruta Nacional 7 que une Buenos Aires con la Cordillera. Sí, un viaje de ida y vuelta Chile. Alegre, que en la última elección compitió con la boleta de Somos, no apela en ningún momento a incrementar el costo de tasas, pero sí señala que asumió en 2023 con poca maquinaria y poca labor en época de seca.

En cuanto a fondos, subraya que un productor paga poco más de 8.300 pesos por hectárea al año. Esto alcanza, en valores promedio, a mantener la mitad de los caminos del distrito una única vez al año.

Por eso, desde Villegas, así como desde Azul y Carlos Casares, municipios que conversaron con este diario, piden poner parte del foco en la voluntad de Milei de frenar toda la obra pública cuando es quien más se lleva de la torta de impuestos que pagan los productores. 

El último índice de impuestos al agro de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, o FADA, muestra que 6 de cada 10 pesos que produce el campo se van en impuestos. Pero, de ese total, más del 62 por ciento termina en la caja no coparticipable del gobierno nacional. ¿Y en la de los municipios? Sólo el 0,8.

Números que no mienten
Los números, como siempre, arrojan claridad. Según un informe de la Facultad de Agronomía de la UBA que solicitó el Ministerio de Desarrollo Agrario, en promedio, el mantenimiento básico de un camino rural ronda los 2 mil dólares. En algunas ocasiones, la necesidad de trasladar piedra u otros materiales acrecienta el valor que, en el texto elaborado por la facultad, asegura que puede ascender a 32 mil dólares. A veces, ante emergencias, los municipios también salen a alquilar máquinas que, hoy en día, pueden cobrar 140 mil pesos por hora de trabajo.

 
Por su parte, un trabajo de Carbap, la gremial que suele tener planteos más virulentos contra las arcas municipales, advierte que a lo largo 2025, las 103 intendencias que cuentan con la mayoría de los 105 mil kilómetros de caminos rurales de la provincia, recaudarán 165 mil millones de pesos.

Entonces, a un valor de dólar actual en torno a los 1.450 pesos, la plata con la que disponen los municipios alcanza para hacer una única pasada por cerca de 57 mil kilómetros. Como agravante, la duración de estas tareas, dependiendo del cuidado que le den los productores, la cantidad y peso de camiones, el tipo de suelo y, ante todo, las condiciones climáticas, puede durar sólo cuatro meses.

Como la unidad de medida es el dólar, no puede quedar fuera del análisis Luis ‘Toto’ Caputo. Promotor de la mega devaluación del 118 por ciento en diciembre de 2023 y otra del 40 entre abril y septiembre de este año, descompuso las finanzas municipales. Ojo, también la de los productores. Porque los costos dolarizados del campo, como los fertilizantes, energía o el combustible, crecieron exponencialmente y tuvieron como saldo, dicho por entidades rurales a este medio, la nula productividad por hectárea.

 
La última noticia de la semana pone en alerta al campo. Resta ver si se consolidan las palabras de Scott Bessent, Secretario del Tesoro de Estados Unidos, artífice de la asistencia norteamericana al gobierno de Milei en más de 20 mil millones de dólares. En una reciente entrevista, afirmó que el Presidente de la Nación asumió el compromiso de “expulsar” a China de Argentina. Es decir, dejar fuera de juego al principal destino de las exportaciones de soja y carne del país. De suceder, producir sería difícil y exportar también. 

¿Qué hacen los municipios?

Un par de meses atrás, Ignacio Kovarski, productor tambero de Trenque Lauquen y presidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, o Carbap, dijo que “los aportes del campo deben volver en obras”. Apuntó, directamente, contra la tasa vial rural que cobran los municipios y el inmobiliario rural provincial. No mencionó la recaudación del gobierno nacional que, entre otras obras estratégicas, dejó paralizada la Cuenca del Río Salado y potenció la tragedia que aún mantiene inundados a municipios como 9 de Julio o Carlos Casares.

Precisamente, desde Casares, el secretario de Finanzas e Ingresos Públicos de la Municipalidad, Christian Massone, detalla a este diario que la recaudación anual por tasa vial rural oscila los 2 mil millones de pesos. Volviendo al dato del informe de la Facultad de Agronomía, si Daniel Stadnik, intendente de Casares, destina todos esos fondos al mantenimiento de los 1.200 kilómetros de caminos rurales de su partido, alcanzaría para menos de 700 a un valor de 2 mil dólares por kilómetro.

En este municipio, cada productor paga al año un promedio de 13 mil pesos por hectárea en concepto de la tasa vial. Así, un campo que entra en la categoría superior a lo mediano y tiene 500 hectáreas, aporta 6,5 millones de pesos anuales. Es decir, menos de 4.500 dólares. O bien, la posibilidad de mantener poco más de 2 kilómetros de camino.

En todo momento se habla de mantenimiento. Eso implica mínimos rellenos con tierra o algo de piedra, el paso de una motoniveladora y el destapado de alcantarillas. Pero los caminos rurales tienen problemas más complejos. El paso del tiempo, la erosión del viento, el crecimiento exponencial en la producción del agro y la ausencia del ferrocarril que multiplicó el uso de camiones, “hundió” los caminos. Poder reconstruirlos, elevar su nivel y estabilizarlos, puede llevar una inversión que va desde los 52 mil a los 93 mil dólares por kilómetro, tal como detalla el trabajo de solicitado por el Ministerio de Desarrollo Agrario.

Este tipo de obras terminan en manos de la Provincia. En Azul, donde el intendente Nelson Sombra creó un ente descentralizado para atender con mayor celeridad las contrataciones y compras necesarias para el mantenimiento de la red vial, el MDA giró 40 millones para atender la situación del alcantarillado.

Elías Bonifacio, al frente del organismo, gráfica la importancia de estos aportes porque la recaudación mensual por la tasa vial que llega al ente y puede tener libre aplicación en el mantenimiento de los caminos rurales, está alrededor de los 150 millones de pesos. Haciendo un nuevo cálculo sobre la base de 2 mil dólares por kilómetro a mantener, permite trabajar sobre 51 kilómetros al mes de los 1.600 que tiene el partido que supera las 600 mil hectáreas.

Azul, donde hubo manifestaciones y quemas de animales frente a la Municipalidad por los aumentos en las tasas, el monto a pagar está segmentado en zonas. Según la ubicación, valuación y tamaño de los campos, hay sectores donde los productores pagan al año entre 3.800 y 8.300 pesos por hectárea. Los de mayor poder adquisitivo abonan entre 15.300 y 32.200 por hectárea.

Ahora, bien, Ttanto Massone como Bonifacio, advierten que la tasa de cobrabilidad supera por poco el 70 por ciento y, en paralelo, no recibieron un sólo peso de Milei a pesar del trágico momento que atraviesan los productores. Por su parte, Alegre, en Villegas, muestra que pisa el 80 por ciento de cobrabilidad. El promedio no da un mal índice, pero es real que 1 de cada 4 productores no paga.

Hoy en día, con constantes números de cosecha récord, la cantidad de camiones es cada vez mayor. En el caso de los tambos, tal como explica Alegre, la salida de camiones es casi diaria, mientras que el traslado de granos sólo es intenso poco más de tres meses al año. De todas maneras, no dejan de ser los mismos caminos para salir del campo, ir hacer las compras o ir a la escuela. ¿El resultado? Caminos más maltratados y con necesidad de mantenimiento constante. 

Para Alegre, la alternativa está en repensar los modelos distributivos de recursos. Parte de la premisa que, hoy en día, la provincia de Buenos Aires aporta el 40 por ciento del PBI y recibe menos del 20. A su vez, los municipios no pueden disponer directamente del inmobiliario rural, por menor que sea. Desde su mirada, si no hay un reordenamiento en la asignación de fondos, la posibilidad de tener los caminos rurales en óptimas condiciones roza lo utópico. 

Y no deja pasar por alto que, en varias ocasiones, son los mismos productores los que realizan obras clandestinas que perjudican a sus vecinos. Pone el caso de un importante campo de 5 mil hectáreas en su distrito que construyó una "obra de ingeniería hidráulica" para sacarse el agua de encima e inundó a productores de 200 o 300 hectáreas que son víctimas del pez más grande. 

Fuente: www.pagina12.com.ar