

En la semana clave para el futuro de Vicentin, Molinos y Dreyfus informaron la adhesión de 900 acreedores
El otro requisito es reunir avales por dos tercios de la deuda.
Actualidad01 de noviembre de 2025 Campo Industria

Con la adhesión de 900 acreedores a su plan de pago de la deuda de Vicentin, por US$1.332 millones, las empresas Molinos Agro S.A.(MOA) y Louis Dreyfus Company (LDC) Argentina alcanzaron el primer requisito para que la Justicia homologue su propuesta en el cramdown (salvataje) de la agroexportadora santafesina que está en default desde hace casi 6 años.
La oferta de MOA y LDC compite con la realizada por el Grupo Grassi, que es uno de los principales acreedores granarios y articuló acuerdos con quienes compraron la deuda a los bancos internacionales y con dos traders internacionales (Cargill y Bunge-Viterra) para quedarse con la aceitera-cerealera familiar fundada hace 96 años.
En la puja que tiene como momento límite de registro este próximo viernes a las 23:59 hs. ambos competidores tienen que cumplir con los avales de dos partes: la de cápitas, referida a las personas físicas y firmas empresariales (862 sobre 1722), y la de capital: $65.512 millones sobre el total de $97.782 millones.
En ese contexto, MOA y LDC informaron que, en tan sólo 6 días hábiles, más de 900 acreedores de Vicentín han aceptado su propuesta; y que continúan procesando las “numerosas adhesiones” que siguen recibiendo, con la perspectiva de desembolsar US$350 millones para saldar la deuda, a lo que se sumarían otros 300 millones para revitalizar la operatoria de las plantas industriales de Vicentin.
“Estamos muy contentos con la receptividad, estamos avanzando a más de 100 conformidades por día, y creemos que para el viernes, que es la fecha límite, vamos a llegar a un 65% de adhesiones, bastante por arriba del 51%, que es el requerido”, afirmó el abogado socio del Estudio Bomchil y asesor letrado de LDC, Tomás Araya.
El CEO de Molinos Agro, Pablo Noceda detalló que la propuesta a los acreedores está dividida en 3 rangos: hasta US$130.000, entre US$130.000 y US$400.000, y más de US$400.000. “Es una propuesta súper simple, que no requiere de entregar granos ni tampoco tiene ninguna exigencia o límites”, afirmó.
Respecto de los dos tercios del capital, que en su momento Vicentin reunió durante el período de exclusividad, Araya también se manifestó “muy optimista” hacia el objetivo de contar con el monto necesario antes que venza el plazo legal, aunque son conscientes que será un proceso más arduo que el de las cápitas (sobre lo que esperan superar las 1000 adhesiones)
En ese contexto, Molinos Agro y LDC solicitaron la exclusión de los créditos pertenecientes a Grassi S.A. y su controlada Commodities S.A. de la base de cómputo de mayorías, por tratarse de un supuesto de “autovoto”, lo que está “expresamente prohibido por la Ley de Concursos y Quiebras”.
También solicitaron al magistrado del concurso que aclare que la denominada “propuesta residual” de Grassi S.A. “no será aplicable (por su carácter abusivo)”. Consideran que “este mecanismo ‘residual’ planteado por Grassi en su propuesta (esto es, que aquellos acreedores que no lo voten sean forzosamente asignados al acápite ‘residual’ de su propuesta) genera que muchos acreedores se vean compelidos a votar sólo por temor a caer a la fuerza en esa ‘categoría residual’, lo que distorsiona la libertad de elección y vulnera el principio de equidad”.
Indicaron que “la presentación persigue garantizar que todos los acreedores puedan ejercer libremente su derecho de elección hasta el vencimiento del plazo. Así, buscan evitar que acreedores puedan ser víctimas de mecanismos que los induzcan a aceptar la propuesta de Grassi por temor a quedar comprendidos en la peor opción”.
Consideraron que la “propuesta residual” de Grassi propone el pago nominal del 40% del valor de la acreencia, pero el 37% del capital adeudado se paga al final entre los años 2036 y 2037, con un interés de tan sólo el 1,2% anual y pagadero todo junto entre 2037 y 2038, lo que, en valor real, implica “algo muy distinto”.
En tanto, Fernando Correa Urquiza, líder de la plataforma de Oleaginosas para la región Latinoamérica Sur y Oeste en LDC, subrayó que garantizarán la continuidad de alrededor de los 1100 puestos de trabajo con los que cuenta la empresa, e incluso sumarían nuevos empleos a medida que se vaya avanzando con las inversiones requeridas para aumentar la productividad.
“Suponiendo que el viernes ganamos el cramdown, y luego de que el juez lo homologue, tomaríamos posesión de todos los activos, mandamos la materia prima necesaria, pagamos los salarios y así nos haríamos cargo de la operación en el corto plazo. Mientras que en el largo, nuestra idea es poner los activos a punto para llevarlos a su máximo potencial de capacidad, con una inversión a lo largo de los próximos meses para poder conseguirlo”, enfatizó.
Al respecto afirmó: “No es una propuesta de testeo, ni de desguace, sino que tenemos planes estratégicos para los activos de Vicentin. Las plantas están siendo subutilizadas, no solo por falta de materia prima, sino de inversión. El agro argentino tiene mucha relevancia a nivel internacional, y en Europa, Asia y Brasil nos preguntan qué va a pasar con Vicentin, no solo en Argentina”.
Noceda describió que Vicentin tiene 3 plantas de crushing. Una es la de Renova, donde se ocupa del 33% de su capacidad, sumada a otras 2: la de San Lorenzo, con su puerto, y la de Ricardone. Y remarcó que LDC y Molinos llegaron a un acuerdo con la Unión Agrícola de Avellaneda (Santa Fe) para que pueda ocuparse de la actividad en el “Nodo Norte”, del cual dependen 232 trabajadores.
Fuente: www.tranquera.com.ar









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