Crisis en Granja Tres Arroyos: pidió abrir un concurso de acreedores
En medio de una serie de despidos masivos, Granjas Tres Arroyos SA, la empresa más grande de la principal avícola del país, solicitó la apertura de un concurso de acreedores. La firma arrastra deudas millonarias, más de 6.000 cheques rechazados y pedidos de embargo.
El proceso recayó en el Juzgado Comercial 21 - Secretaría N° 42 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, y se da tras la desvinculación de unos 1730 trabajadores, lo que llevó al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires a dictar la conciliación obligatoria por 15 días.
De esta manera, la empresa insignia de la familia De Grazia, se presentó ante la Justicia nacional comercial, a solo días de haber hecho lo propio WADE (ex Cresta Roja), otra de las compañías del entramado societario del grupo.
Según registros del Banco Central, Granja Tres Arroyos SA cuenta con 6.702 cheques rechazados por $114.425.499.637 y deudas bancarias por $ 41.827.673.000.
Los despidos en Granja Tres Arroyos
El pedido de apertura del concurso se da como consecuencia de la grave situación financiera y productiva que atraviesa el grupo desde hace más de un año y ante la imposibilidad de reestructurar su pasivo con los acreedores, que según estimaciones, supera los US$ 350 millones.
Cabe mencionar que la mayor parte de sus plantas están paralizadas o trabajando por debajo de su capacidad instalada y un proceso de ajuste que derivó en la desvinculación de casi el 25% de su personal, que alcanzaba los 6.500 trabajadores.
De acuerdo a lo que dijeron los gremios, la empresa despidió 700 empleados de la planta de Capitán Sarmiento, 450 de la de Esteban Echeverría (WADE II) y 50 de la de Pilar. A esto se suman casi 480 operarios en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
Hasta el momento, sigue vigente la conciliación obligatoria en la provincia de Buenos Aires que ordenó reincorporar a los 1200 trabajadores desafectados. La misma vence este jueves, momento en el que se llevará a cabo una nueva audiencia entre funcionarios provinciales, los sindicatos y la empresa. La medida se puede prorrogar por cinco días más.
Según consta en los telegramas de despido, la empresa argumentó que registra “una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad que afectaron de manera directa y sustancial el normal desenvolvimiento de su actividad”.
Fuente: Agencia DIB
