En Azul el campo irá a la Justicia contra un millonario impuestazo y no descartan una rebelión fiscal

A pesar de intentos frustrados de productores y entidades ruralistas para que se diera marcha atrás, finalmente el Concejo Deliberante de Azul aprobó una ordenanza que obliga a pagar por mes una tasa en pesos del equivalente de hasta un litro de gasoil por hectárea a aquellos propietarios de tierras en ese partido bonaerense. También frentistas de casas y comercios deberán tributar dicha tasa, con dos litros por mes. El campo local irá a la Justicia para tratar de frenar el aumento mientras algunos ya piensan en una suerte de rebelión fiscal.

 
 
En el distrito hay unas 640.000 hectáreas y alrededor de 1200 productores y, con el nuevo impuesto, el municipio recaudaría por año unos $2200 millones al valor actual del gasoil. Del proyecto original que fuera presentado por el jefe comunal actual, Hernán Bertellys (JxC), semanas atrás, solo se logró modificar que haya una escala en relación a si es un campo de cría, mixto o agrícola (dividido por los diferentes cuarteles del distrito) y del valor de un litro generalizado se cobrará un 0,5, 0,75 o un litro, respectivamente. Además, se confirmó que el valor que se cobre tendrá un tope de aumento. Dijeron que “serían unos 488.467 litros totales por mes”.

Todo comenzó cuando Bertellys presentó en el Concejo Deliberante un pedido de prórroga del presupuesto para el año próximo, pero luego llevó una serie de proyectos de ordenanzas fiscales e impositivas, en la que estaba esta iniciativa llamada “tasa de impuestos esenciales municipales”.

 
Sin especificar cómo sería la distribución de la recaudación, la resolución dice que la tasa irá para salud, educación, deporte, inclusión de la discapacidad, cultura, esparcimiento y transporte y los servicios de orato y señalética de calles, mantenimiento y conservación de plazas, paseos, parques infantiles.

 
Vale recordar que Bertellys concluye su mandato el mes próximo y asumirá el intendente electo en octubre pasado, Nelson Sombra, de Unión por la Patria. Sombra será quien cobrará la mayor carga tributaria. En rigor, se habló de un entendimiento entre Bertellys y Sombra en el impulso de este proyecto.

Conocido este plan del municipio, todas las entidades manifestaron su rechazo absoluto. También, a pedido de los productores locales, el intendente accedió a tener una reunión en el predio de la Sociedad Rural. Allí le plantearon que se frene y se retire el proyecto en cuestión porque “era un disparate, sobre todo con igualar la tasa para todos los campos”.

Tras una larga sesión, el proyecto se aprobó con modificaciones de escala sobre tablas, con 10 votos a favor de Unión por la Patria y 8 en contra de Juntos x el Cambio y el GEN. Desde temprano, una gran multitud de productores se agolpó frente al Concejo Deliberante, exigiendo la no sanción del “impuestazo” para el campo.

“Sancionaron con modificaciones y se agarraron de que se les dijo que no todos los campos eran iguales para decir que hubo consenso con los productores. Cosa que no es cierto, nosotros le pedimos que bajen el proyecto. Es inaceptable lo que hicieron”, dijo Martín Salgado, productor ganadero de la zona y director de la SRA.

Hernán Moreno, presidente de la Sociedad Rural de Azul, que estuvo presente en la manifestación y luego dentro del recinto del Poder Legislativo local, contó que este nuevo impuesto representa una incidencia de entre el 15 y el 40% de las ganancias netas que tiene un ganadero, dependiendo de su escala.

 
“Hicimos una simulación de las últimas seis campañas de un productor y analizamos los valores del gasoil de cada año y cuánto representaba esta tasa en su ganancia neta, sacando los costos y gastos del establecimiento y nos dio que este tributo significa entre un 15 y 40%. Ese porcentaje sería en cada ganadero En los campos agrícolas, la incidencia es un poco menor. Es inmoral e inentendible lo que se pretende hacer. Huele horrible que un funcionario de un espacio político que se está yendo y asume uno de otro espacio no tenga los votos de su propio partido y solo hayan votado positivamente los peronistas.”, dijo a LA NACION.

“El campo sufre una burocracia y presión fiscal enorme. En vez de simplificar o reducir los impuestos, los incrementan. El municipio dice que se debe traer desarrollo a la ciudad pero esto lo único que hace es entorpecer, esto es contra el desarrollo económico. El país no se va a levantar con más impuestos. Esta tasa no es para el partido sino para hacer frente al déficit del municipio que es de más de $3000 millones”, añadió.

 
En este escenario, como entidad están evaluando ir “seguro” a la Justicia. Esto mientras los productores analizan en asamblea una “rebelión fiscal y no pagar absolutamente nada”.

“Estamos esperanzados que la Justicia intervenga. En todo esto rescato la movida conjunta con el Centro de Empresarios de Azul (CEA), además que los afecta a ellos directamente, saben y entienden que si esto se llega a pasar, será menos plata la que va a circular en la ciudad”, cerró.

Salgado coincidió que en el ambiente la gente dijo que no va a pagar. Por esto, contrarreloj están pidiendo asesoramiento a diferentes estudios jurídicos para ver qué hacer, esto es si ir por un amparo conjunto o de manera individual porque son varias las inconsistencias que posee la normativa.

 
“Queremos ver que legalidad y validez tiene. Uno de los temas es la falta de contraprestación que toda tasa debe tener. Otra cuestión es cobrar en especies que roza la ilegalidad. En la sesión concejales que votaron en contra plantearon que no se sabe adonde va a ir la recaudación y sabemos que usarán para lo que se les ocurra. Es un impuesto disfrazado de tasa. Tenemos dos alternativas posibles: la judicial y que la nueva conformación del Concejo Deliberante, a partir del 10 de diciembre, decida rever y dejar a un lado”, enfatizó.

Fuente: La Nación