La Justicia de EEUU ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF: el gobierno va a apelar la medida

La Justicia de los Estados Unidos ordenó este lunes a la Argentina que entregue en 14 días el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio por la expropiación de la petrolera. El presidente Javier Milei confirmó que apelará esta decisión. El pedido sería como forma de pago por la sentencia en contra en primera instancia de US$16.100 millones más intereses que se determinó en 2023.

Además, en otro fallo, la justicia estadounidense también solicitó que el Estado entregue parte de las las acciones de YPF al fondo Bainbridge como pago de la sentencia relacionada con la deuda en default de 2001, de alrededor de US$100 millones.

La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, publicó hoy dos fallos de alto impacto político. En primer lugar, accedió a la moción de los demandantes —los fondos Burford y Eton Capital— de embargar las acciones de YPF, hasta por lo menos que se resuelva la apelación del fallo de primera instancia, que se lleva adelante de manera paralela.

“La República deberá transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM [Bank of New York Mellon] dentro de los 14 días siguientes a la fecha de esta orden; e instruir a BNYM para que inicie la transferencia de la participación accionaria de la República en sus acciones Clase D de YPF a los Demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha de depósito de las acciones en la cuenta”, dice el fallo de la magistrada.

El pedido de la jueza sorprendió al Estado argentino, dado que incluso el Departamento de Justicia de los Estados Unidos había presentado un escrito para pedir que se rechace esa solicitud de los demandantes, en noviembre pasado.

El año pasado, la Procuración del Tesoro había contactado al entonces gobierno de Joe Biden para ponerlo al tanto del juicio y para explicarle las posibles implicancias de que un juez federal de Estados Unidos solicite el embargo de activos que están en otra jurisdicción. Las acciones que tiene la Argentina de YPF están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires; no tiene tenencia de activos que cotizan en Nueva York.

En este tiempo, sin embargo, la jueza Preska le había solicitado al Estado argentino que deposite una garantía de pago. Como opciones, había pedido que se deposite un tercio de las acciones de YPF y un supuesto crédito a favor con Paraguay por la construcción de la represa de Yacyretá.

Ninguna de las opciones era viable para el Estado y nunca se cumplió con el pedido de Preska. Sucede que para entregar o vender acciones de YPF es necesario tener la aprobación del Congreso. En relación con la supuesta deuda que Paraguay tiene con la Argentina, nunca se formalizó, más allá de algunas declaraciones políticas del gobierno anterior que decía que el país financió la mayor parte de la construcción de la central hidroeléctrica, 30 años atrás, y que el Estado paraguayo le debía parte del costo de la obra.

“Cuando asumió Javier Milei, la Argentina debería haber depositado una garantía para evitar que comiencen los embargos durante la apelación que inició en octubre de 2023. La garantía debería haberla depositado en enero de 2024, pero, como no lo hizo, la ley americana le daba el derecho a los demandantes de embargar activos de la Argentina. Uno de los activos que los beneficiarios del fallo buscaron embargar eran las acciones de YPF″, dijo Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en los juicios que la Argentina enfrenta en el exterior.

“Un año y medio más tarde, después de varias presentaciones y, en contra de la recomendación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Preska accedió al pedido de los beneficiarios y obliga a la Argentina a entregar las acciones que tiene en YPF como parte de pago. La Argentina no lo va a hacer; obviamente va a apelar, motivo por el cual esto continúa en la Corte de Apelación”, agregó.

La jueza Preska determinó en primera instancia que el país violó el estatuto de la petrolera cuando se realizó la estatización, y perjudicó a los accionistas minoritarios, entre ellos, a las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora. Por lo tanto, sentenció que el país pagara una indemnización de US$16.100 millones, pero eximió de responsabilidades a YPF.

Actualmente, el proceso se desarrolla por dos vías distintas. Por un lado, en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, tanto la Argentina como los fondos Burford y Eton Capital, quienes compraron el derecho a litigar contra el país, están buscando la revisión del fallo de primera instancia. Los demandantes piden que se incluya a YPF como culpable de la estatización, mientras que el Estado argentino quiere que se revea la sentencia.

Las tres partes (la Argentina, YPF y los fondos) ya presentaron todos los escritos solicitados y ahora se está a la espera de que la cámara de Apelaciones designe un panel de tres miembros y resuelva la fecha de una audiencia en la cual se tratará el caso, que podría ser en los próximos meses.

“La Argentina puede apelar esta decisión sin antecedentes de la jueza Preska, al punto tal que hasta el Departamento de Justicia de Estados Unidos había apoyado con un escrito amicus la postura de la defensa argentina. La propia jueza, o en su caso la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, deberían suspender los efectos de la orden de Preska hasta que se resuelva la apelación”, dijo Sebastián Soler, exviceprocurador del Tesoro durante el gobierno de Alberto Fernández.

Soler también recordó que “el artículo 10 de la ley 26.741, que habilitó la expropiación de YPF, prohíbe al Gobierno transferir las acciones expropiadas sin la previa aprobación del Congreso”. En el fallo, la jueza Preska defendió que no hay “ninguna limitación territorial expresa que prohíba la entrada en vigor de una orden de entrega que requiera [la transferencia de] dinero o propiedad a Nueva York desde otro estado o país”.

De hecho, la magistrada también señaló que el Tribunal, previamente, había determinado en el juicio por bonos argentinos que entraron en default en 2001 (Bainbridge vs. República Argentina) que tiene la facultad de ordenar a un país soberano que traiga activos depositados en el Banco Central y los entregue a Nueva York.

En otra parte del escrito, la jueza le contesta al Estado cuando dice que no puede ceder acciones del YPF sin la aprobación de dos tercios del Congreso. “La República tiene varias opciones que puede perseguir legalmente: (1) recibir el permiso del Congreso Nacional por dos tercios de los votos, (2) tomar medidas para cambiar la ley, o (3) cumplir con la sentencia a través de un acuerdo separado con los demandantes”, señala el fallo.

Y agrega: “Los gobiernos extranjeros no pueden simplemente invalidar las excepciones a la ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA, por sus siglas en inglés), al invocar su propia ley para proteger sus activos de la ejecución en Estados Unidos. Si la cortesía pudiera prevalecer sobre la FSIA y permitir que el derecho extranjero controle qué activos soberanos están sujetos a ejecución, todo estado extranjero podría declararse invulnerable a las sentencias judiciales en los tribunales estadounidenses con solo aprobar una ley que exigiera su propia aprobación para cualquier transferencia de su propiedad”.

En una dura conclusión, Preska dice que “si bien la República exige que este Tribunal extienda la cortesía, al mismo tiempo se niega a hacer cualquier esfuerzo para cumplir la sentencia no suspendida del Tribunal”. Luego de conocerse la noticia, la cotización de las acciones de YPF cayó más de 5,5% en la Bolsa de Nueva York, a US$31,45. La valuación total de la empresa actualmente es de US$12.360 millones. (Fuente: La Nación. Por Sofía Diamante).